Un informe de Intervención del Estado sostiene que la funeraria se vendió por un valor inferior al real
El Pais › 18 de Septiembre de 2000
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Un informe elaborado por la Intervención General del Estado a petición del juez que instruye el caso de la funeraria, José Luis Quesada Varea, desbarata uno de los argumentos que usó el Gobiermo munipal para la privatización: que la empresa estaba en quiebra cuando se vendió en diciembre de 1992 el 49% de la misma por apenas 200 millones de pesetas. El informe de Intervención General sostiene que la funeraria, en el momento de su adjudicación valía 1.791 millones. El equipo de Gobierno, frente al criterio de su propio interventor, consideró que tenía un valor negativo de 105 millones.
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Un informe de Intervención del Estado sostiene que la funeraria se vendió por un valor inferior al real
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